Por Andrea Olivares Hernández

 

Luego de un año de intenso escrutinio a la empresa Google Alphabets Inc (Consorcio que agrupa a todas las filiales de la firma tecnológica), llevado a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en conjunto con fiscales pertenecientes a 48 Estados de dicho país, todo parece indicar que se aproxima una demanda por violación de varias normas antimonopolio de la legislación norteamericana, contra el conglomerado de empresas, a más tardar a mediados de octubre[1] del presente año.

La demanda pondría fin a la investigación que iniciara en septiembre del año pasado a solicitud de dos senadores norteamericanos. En su petición, alegan específicamente que las prácticas de Google generan un dominio ostensible del motor de búsqueda y su publicidad en línea. Sugieren además que la empresa ha logrado tal dominio a través de medios ilícitos.

Entre los argumentos que servirían de fundamento a la demanda destacan los siguientes: (i) Google habría abusado de su dominio en las búsquedas y la publicidad digital con el objeto de desplazar a sus competidores e incrementar exponencialmente sus ganancias; (ii) la empresa viola claramente la Ley Antimonopolio por cuanto favorece sus propios negocios en los resultados de búsqueda en lugar de presentar resultados de búsqueda neutrales; (iii) la compañía evita que los anunciantes acudan a la competencia bien sea porque realizan un aumento de costes para sus competidores o porque se resisten a ofrecer transparencia de datos de éstos, colocándolos en clara desventaja.

A su vez, como alegatos adicionales, se incluirían reclamos referidos a la forma en que la empresa procesa y maneja los resultados de búsqueda, abarcando la ausencia de garantías en la protección de la información personal de los usuarios o consumidores.

No es la primera vez que Google se ve inmersa en un procedimiento de esta índole. Cabe recordar que en el año 2013, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (“FTC” por sus siglas en inglés) realizó una investigación cuyo fin era determinar si la empresa cambiaba sus algoritmos para evitar que entraran al mercado otros motores de búsqueda[2]. La acusación se centraba en que Google estaba sesgando injustamente sus resultados para dañar a la competencia, lo cual se traducía en una presunta violación del artículo 5 de la Federal Trade Comission Act sobre métodos injustos de competición y en el artículo 2 de la Sherman Antitrust Act (las cuales regulan la competencia entre empresas).

En aquel momento la Comisión cerró las investigaciones del caso concluyendo que: (i) no había pruebas fehacientes que demostraran que la conducta de Google había limitado la competencia de otros y, en consecuencia, había violado la legislación antitrust o antimonopolio; (ii) las prácticas llevadas a cabo por la compañía únicamente buscaban destacar sus productos y mejorar la experiencia en línea de los usuarios mostrándoles la información más relevante y afín a sus preferencias.

De incoarse esta acción, el gigante tecnológico, que ha estado últimamente en el ojo del huracán por sus fallas en el tratamiento de datos de sus usuarios y en sus políticas de contenido se vería sujeto a cuantiosas multas como las que ha recibido reiteradamente en el marco de la Unión Europea. Adicionalmente, esta acción constituiría uno de los casos de antimonopolio más importantes en los últimos años y, al mismo tiempo abriría la puerta para que se investiguen a profundidad las prácticas seguidas por otras plataformas del Big Tech, tales como Facebook Inc. y Amazon.

 

[1] Fuente: The Washington Post.

[2] Redondo Verdú, José Carlos. Caso Google Aplicación del Derecho de la Competencia al Mercado de Internet, Madrid, junio de 2019.

 

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