Autor: Maiger Dalay Urbina Romero

 Para nadie es un secreto que ante la avalancha transformadora que ha significado el Covid-19, en todo el mundo se han venido dando pasos concretos, con sus vaivenes característicos, hacia una administración de justicia con despachos virtuales, domicilios electrónicos, audiencias on-line y otros tantos mecanismos que pretenden coadyuvar en la generación de garantías procesales y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Pues bien, en este contexto, tenemos que el fenómeno conocido como ransomware consiste en un software malicioso difundido por hackers que cifran o alternan archivos en un ordenador con el fin de impedir el acceso a ellos y posteriormente exigir alguna contraprestación para recuperarlos.[1]

Ante ello, resulta ilustrativo y alarmante para la región que, comenzando el mes de noviembre del pasado año 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil fuera atacado por piratas informáticos mientras se estaban llevando a cabo juicios por videoconferencia y, en consecuencia, fueran suspendidas o canceladas las causas por varios días hasta recuperar el estado de la red.

Si bien no es el primer ataque que a nivel internacional sufren órganos dedicados a la función pública ni se trata de algo poco previsible ante la disrupción tecnológica, no es baladí ponderar el riesgo que significa un posible aumento de estos ciberataques, por cuanto la justicia online llego para quedarse y además normalmente se trata de partes especialmente sensibles (los justiciables) que se ven involucradas en conflictos cuyos tramites ordinarios, en la gran mayoría de los casos, han visto detenidos los lapsos procesales o ralentizados sus causas, aun cuando ya estamos en un nuevo año con notables flexibilizaciones. 

Como señalan los expertos, para que se lleve a cabo el ransomware, basta con que una persona (que podría ser un funcionario judicial) descargue algún archivo infectado, abra un email con características maliciosas o no se instalen servicios de seguridad en los servidores. De este modo, el sujeto activo de la acción criminal logra “secuestrar” y encriptar datos sensibles con el propósito de solicitar un rescate millonario, o ¿por qué no? simplemente sabotear dolosamente un proceso judicial donde se vean afectados sus intereses.

Atrás quedaron los aislados casos de ataque contra los Tribunales de Familia de Santiago de Chile en 2016[2], las reiteradas vulneraciones a las que fueron sometidos los servidores públicos de ciudades como Atlanta o Nuevo México en los Estados Unidos de América en 2018[3], o las embestidas contra proveedores de software para la gestión de despachos de abogados en 2019[4], ya que el precedente brasileño constituye un nuevo enfoque para un delito cuyas redes criminales, hasta los momentos, estaban centradas en otro tipo de sectores sensibles.

Así entonces, por ejemplo: ¿Bastará hacer un soporte físico o digital de cada actuación recibida por tribunales como los venezolanos, o la inversión de los sistemas judiciales debe reorientarse? ¿Las partes de un conflicto podrán verse motivadas a “contratar” estos servicios para generar retardo procesal y otros efectos lesivos? ¿En el área del comercio internacional, los sectores económicos más influyentes podrían ser los más beneficiados en caso de ransomware?

Estas y otras tantas son algunas de las preguntas cuya incompleta o imprecisa contestación aun surgen, sin embargo, lejos de pensar que la digitalización jurídica va a desaparecer, corresponde a los justiciables, abogados, funcionarios, jueces y académicos de nuestros países, avanzar aceleradamente y sin reparo en una discusión profunda con miras a generar certezas adicionales no solo desde lo legal sino desde lo práctico.

 

[1]Monica Mateiu. “La guía definitiva sobre el ransomware”. Acceso el 10 de enero de 2021. https://www.avg.com/es/signal/what-is-ransomware

[2] El desconcierto. “A lo Mr. Robot: Virus informático estaría atacando Intranet de Tribunales de Familia”.  Acceso el 10 de noviembre de 2020. https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2016/12/09/a-lo-mr-robot-virus-informatico-estaria-atacando-intranet-de-tribunales-de-familia.html   

[3] Gabriel Levy. “El ransomware y la nueva mafia digital”. Acceso el 09 de noviembre de 2020.  https://andinalink.com/el-ransomware-y-la-nueva-mafia-digital/ 

[4] Josep Albors. “Nuevo caso de ransomware afecta a procedimientos judiciales”.  Acceso el 08 de noviembre de 2020.  https://mundo.cloud/noticias/saas/sector-judicial-como-objetivo-de-ciberdelincuentes/amp

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